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Ya está bien con los catalanes

Sábado 19 de septiembre de 2015 por Antonio Naval

Publicado en el Diario del Altoaragón, el 18, abril, 2006.

YA ESTÁ BIEN CON LOS CATALANES

“El Estado Español reconoce a la Iglesia Católica...y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio” (Acuerdos con la Santa Sede. 1. arti I,1),”La Iglesia...en particular puede crear, modificar o suprimir...parroquias...que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica..”(art. I.2), “La Iglesia...concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer, y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia...” (Acuerd. 2, art. XV). “El Estado al reconocer la importancia del Patrimonio Histórico Artístico...reafirma su respeto a los derechos que tienen las personas jurídicas eclesiásticas sobre dichos bienes...”(Documento, marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio, del año 1980).
Por su parte la Generalidad de Cataluña, firmó en 1981 un documento con la Iglesia de Cataluña, que cuando lo publicó diez años después, en 1992, en el Boletín de Cataluña (D.O.), lo publicó mutilado con respecto al texto firmado que apareció íntegro en el Boletín Oficial de La Conferencia Episcopal Española, (num.14, 1987). Este documento es un “reglamento”, siendo la única comunidad autónoma española que no tiene firmado con la Iglesia Católica un acuerdo, acuerdo-marco, un convenio, convenio-marco. En este reglamento del funcionamiento de la Comisión de Coordinación Generalidad-Iglesia en Cataluña para el Patrimonio Cultural se dice en el preámbulo, que formaba parte del texto firmado, pero que posteriormente fue eliminado en la publicación: “La Generalitat reconoce la propiedad de los mencionados bienes a favor de las personas jurídicas de acuerdo con los títulos correspondientes y reconoce la importancia de este patrimonio histórico-artístico...”, La Ley de Patrimonio Cultural Catalán, dice, tal como tiene que decir, “La transmisión de los bienes de instituciones eclesiásticas se rige por LA LEGISLACIÓN ESTATAL” (Ley 9/1993, BOE 4-XI-93). ¿A qué viene ahora la mascarada de la innombrable consejera de cultura de la Generalidad?
Después del Decreto de la Nunciatura que establecía la devolución de las piezas, 28 de junio de 1998, en el año siguiente, el 1999, la Generalidad de Cataluña las catalogó, como si estuvieran bajo su administración, y el Obispo de Lérida las entregó a un Consorcio formado por la Diócesis de Lérida,la Generalidad, el Ayuntamiento de la ciudad, y la Diputación de la provincia, cuando ya no podía disponer de ellas.
La legislación catalana, como es de sentido común, no puede menos que acomodarse a la de todo el Estado Español, que también es de los catalanes, y en ningún caso la normativa autonómica, la de Cataluña, puede solapar o sustraerse a un acuerdo internacional, en este caso entre dos estados, pues éste es de rango superior en todo estado que quiera ser de derecho. La legislación es tan clara con respecto a lo que puede y no puede hacer la comunidad autónoma catalana, que uno no puede menos que quedar atónito ante el desarrollo de los acontecimientos y sentirse ofendido por el desparpajo con el que los jerifaltes catalanes están actuando en el asunto de los bienes de la zona oriental de Aragón, la llamada por ellos “franja de poniente”. No se sabe si las condiciones impuestas por la Consejera, son desde la ignorancia, la presunción de que los demás no dan la talla, o la desvergüenza de quien se pone al “mundo por montera”, práctica muy catalana.
En este conglomerado de sin sentidos, en que la fuerza de la razón del derecho se ha sustituido por la razón de la fuerza permitida, no se entiende que otro Presidente autonómico se sienta satisfecho porque se avanza, ¿A dónde se avanza? ¿A un reino de taifas, gobernados por anacrónicos jeques?.
Entre tanto, qué hace y que ha hecho hasta ahora el Presidente del Gobierno de esto que, con timidez, presuntamente para no herir, se llama España. Esta no intervención en el asunto de los bienes de las parroquias orientales de Aragón no puede obtener ninguna justificación tras su intervención directa, a favor de Cataluña, contra otra comunidad autónoma, en el asunto de los papeles de Salamanca.
Que a estas alturas los catalanes pongan condiciones para entregar aquello que están reteniendo abusivamente, contra derecho, cuando menos, es una provocación, de la que serán responsables ante la historia, quienes la están propiciando.

Antonio NAVAL MAS, Profesor de arte y especialista en Patrimonio Religioso altoaragonés


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